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La muerte por inanición de indígenas Rarámuris de la Sierra Tarahumara, ha detonado el escandalo y llamado la atención sobre el terrible atraso y el abandono en la que viven la mayoría de los indígenas del país y de la necesidad de una política integral para incorporarlos al desarrollo del país.
“Durante el año pasado, 28 personas murieron por desnutrición en los 22 municipios de la Tarahumara”, confirmó el gobernador Chihuahua. Dijo además que, se mantendrá el programa alimentario emergente fondeado con recursos estatales, aun cuando el gobierno federal no ha destrabado fondos.
Efectivamente, aunque las autoridades federales y estatales lo han querido ocultar o disminuir, el problema en Chihuahua, es más grave de lo que se había señalado. 28 muertes son muchas, sin embargo, se ha pretendido tratar como algo “normal” que “no ha rebasado los niveles anuales” dirían. Al cabo que, exfuncionarios y funcionarios de SAGARPA y SEDESOL, aseguren que “no hay escases de alimentos que los anaqueles están llenos de productos”; otros han dicho que lo que ocurre es que, en buena medida, “no saben comer”. Expresiones rayanas en la ignorancia completa o en la burla.
Ciertamente, se empiezan a conocer las cifras reales y tal como ocurre en muchas zonas indígenas del país, se sabe que el grado de marginación y de pobreza en los 22 municipios de la Sierra Tarahumara, es ancestral y grave. Pero lo mismo se puede afirmar de los indígenas Mixtecos, Tlapanecos, Nahuas de la Montaña de Guerrero, de los Triquis y Mixtecos de Oaxaca y Puebla, de los Tzotziles y Tzeltales de Chiapas, de los Mayas de Yucatán y de la mayoría de los más de 50 grupos étnicos y más de 10 millones de indígenas del país.
No puede ser de otra manera, cuando más del 50% de la población del país subsiste bajo la línea de pobreza y cerca de 45 millones viven en pobreza alimentaria. Mismos que en caso de una nueva recesión económica este año y el próximo se verán en verdaderos aprietos, muchos de los cuales pueden padecer hambre o muerte por inanición.
Pero, la pobreza de los indígenas, si bien se vio agudizado por los fenómenos climáticos, no se explica solamente por ese fenómeno como pretende justificar el Presidente Calderón. Viene de la política agraria y agrícola anticampesina de los últimos 30 años, del abandono, el despojo ancestral de sus recursos naturales, la discriminación, los bajos salarios, la falta de infraestructura y sobre todo de representatividad social y política.
Nuevamente desde 1992, la política agraria de privatización de las tierras de los ejidos y comunidades, dieron un nuevo jalón a ese proceso de despojo de tierras, de minas, de bosques y de todo recurso valioso. Programas como el Procede solo han servido para legalizar ese despojo. No obstante, ese proceso viene de más lejos aun, de los tres siglos de la Colonia, el siglo XIX y todo el siglo XX.
Desde luego hay que seguir aplicando el programa de emergencia, brindando y distribuyendo alimentos para los miles que así lo requieran. Desde luego habrá que apresurar la entrega de los 10,000 millones de pesos para los 19 estados de la Republica, para atender la emergencia ocasionada por la sequía a los miles de agricultores y campesinos afectados. Pero también se tienen que aplicar los candados que eviten la desviación de esos recursos a las elecciones de este año.
Pero nada de eso resolverá el problema estructural y una vez que termine la emergencia y baje el escándalo, todo volverá a la “normalidad”, como si no hubiera pasado nada, hasta que una nueva tragedia o un nuevo conflicto o levantamiento, como ocurrió en 1994, vuelvan a llamar la atención sobre los indígenas del país.
La incorporación de los indígenas al desarrollo de México, requiere una acción más integral de los diferentes órdenes del gobierno, de reconocerles sus derechos como la población originaria que son y sus plenos derechos ciudadanos, así como un cambio rotundo en las política publicas agropecuaria, de desarrollo rural, social y económica, que les permita mejores niveles de empleo, ingreso y de calidad de vida.
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